Dos hechos irrumpen con fuerza en el terreno de las ideas.

Las ideas políticas van y vienen transportadas en estructuras de hechos que, por mediación de ellas, se convierten en instituciones, donde mueren. Siempre me ha llamado la atención el poder de movimientos o decisiones contingentes portadores de nuevos giros narrativos en el discurso político, pero inadvertidos al principio para la mayoría de quienes se van a sumergir o van a emerger en el nuevo patrón ideológico. Me explicaré.

Entra dentro de lo probable que 2009 pase a la historia como un año de pérdidas, si no un año perdido. La mayor recesión en los últimos 80 años ha alcanzado de lleno a toda la población. Sin embargo, cuando nos acercamos ya a 2010, cunde la sensación de que la crisis ha aterrizado suavemente en las vidas de los dos millones de personas que habitan las islas Canarias. No significa que no esté pasando nada, sino que las cosas que pasan, como las quiebras de empresas familiares o la pérdida del puesto de trabajo, están entrando en la opinión pública con una sordina muy llamativa, es decir, son extraordinariamente silenciosas.

Un buen amigo sindicalista me explicaba esta situación exponiéndome el siguiente cuadro: para la mitad de la población activa canaria que engrosa el personal de plantilla o temporal de las empresas privadas el empleo es hoy día tan precario y coercitivo que plantear conflictos de derechos equivale a irse al paro; para la otra mitad, que depende directa o indirectamente de las administraciones públicas, aunque están en mejores condiciones laborales y sindicales que nadie para protestar o hacer huelgas, el impacto de la recesión depende de la merma presupuestaria de 2010, que en 2009 todavía no se había contabilizado ni descontado.

El análisis me parece correcto. Atados de por vida al palo del patrón privado y a la zanahoria de la administración pública, a ver quién es el guapo que aquí se mueve fuera del plato de sus lentejas. En nuestra pequeña sociedad canaria de dos millones de personas caben siete cabildos, una comunidad autónoma, una delegación del gobierno central y 88 municipios, además de numerosas empresas públicas y semipúblicas, de manera que no caben rupturas históricas. Es un caso único en la Unión Europea.

El horizonte vital de la mitad de la gente en Canarias es poder vivir del erario público como la otra mitad, es decir, improductivamente. El obrero productivo de Canarias se considera a sí mismo desplazado y en desventaja frente al de cuello blanco, un rasgo que no está presente en las sociedades industriales metropolitanas. En las islas dedicarse a producir algo útil es cosa de idiotas que no han sabido buscarse un enchufe, obtener una titulación o aprender algo de labia para camelarse a una institución.

Por ello, la conflictividad laboral en Canarias es profunda y desalentadoramente mezquina, liderada casi siempre por unos funcionarios que acaban demostrando sin vergüenza alguna que la solidaridad sólo es una pose interesada y la acción colectiva una librea esperpéntica que disfraza al monstruo individual, al chacal oportunista que espera merodeando en la sombra arrancar algo más de lo público con que seguir alimentando su miseria moral.

El huelguista egoísta vividor de lo público es el personaje central de las operetas bufas sindicales de Canarias. En las manifestaciones callejeras, portan con cansancio y aburrimiento la parafernalia proletaria, en auténtico carnaval de disfraces de la verdadera realidad de estos izquierdistas y progresistas funcionariales: ellos y ellas defienden, dicen, “lo público”, aunque en realidad lo público para ellos es un asunto bien privado y sus servicios representan un acto mensual de privatización personal que enfrenta constantemente calidad ajena con cantidad propia. Y lo que verdaderamente temen y rechazan es caer en brazos de un patrón privado que los someta a las condiciones laborales de la casta inferior, es decir, la clase obrera productiva.

Esta es la verdad. La triste verdad del ruido administrativo que se escucha a un mes de que comiencen a ejecutarse los presupuestos de 2010.

Sin embargo, hay dos hechos que de manera inadvertida han aparecido disruptivamente en esta realidad gris. Dos situaciones que aportan la frescura de la novedad y vienen, sin duda, para quedarse y condicionar el discurso político a partir de 2010. Al primer hecho lo llamaremos técnicamente consolidación sin parangón de las medidas sociales amortiguadoras y contrarrestantes del conflicto, es decir, del papel del Estado en la creciente sustitución institucional del compromiso solidario de los individuos, que forma parte de un conjunto histórico de ideologías que van desde el comunismo a la “revolución gerencial”, pasando por la planificación tecnocrática estilo Galbraith o el recurso al déficit público con sello keynesiano.

La idea central de esta respetada tendencia histórica viene a ser que la libertad individual descansa en la subsunción institucional de los deberes de carácter colectivo que tenga contraídos el individuo, de manera que su egoísmo se convierta en motor económico sin restricciones comunitarias, debidamente asumidas por la esfera pública del Estado. Es una idea que la realidad del siglo XX dejó vista para sentencia probablemente en Nuremberg, aunque muchos otros Nuremberg nunca se sustanciaron dejando un reguero de sangre e injusticia bajo los felpudos dorados de la historia contemporánea.

Pues bien, si nuestros lectores o lectoras son buenos observadores, pueden echar un vistazo a la siguiente proposición: nunca antes se había visto un esfuerzo de solidaridad institucional con las víctimas vulnerables de la recesión tan intenso como el que hemos vivido en los últimos meses. La naturalidad, normalidad y tranquilidad con que el erario público ha desplegado una descomunal bolsa de ayudas públicas de emergencia está pasando desapercibida pero es un hecho que algo así nunca había ocurrido antes. Es un hecho nuevo y producirá un impacto ideológico nuevo.

¿Es el triunfo o el fracaso del socialismo? Lo cierto es que jamás había habido un esfuerzo semejante por atender por diferentes vías, presupuestos y administraciones las situaciones personales y familiares involuntarias derivadas de la crisis. No hablo de la gestión de estos fondos, pues eso atañe a otras responsabilidades y seguramente no estará a la altura. Me refiero a un esfuerzo estatal, autonómico, insular y local que ha entrado en escena sin apenas oposición, sin dejarse notar en las tribunas, tertulias ni medios de comunicación política, de una manera inmediata y masiva. Algo nunca visto antes.

Es la naturalización de la solidaridad pública en el Estado, que subyace en toda la filosofía de la Ley de Dependencia, por ejemplo. Es también un indicador de la penetración del Estado en la esfera de las redes sociales individuales y, por tanto, en la red de apoyo familiar, que afecta sin duda al concepto de libertad y de intimidad. En definitiva, es un debate abierto que dará mucho de sí en el futuro inmediato, pero quedémonos con la tesis principal: resulta sorprendente la facilidad con que las administraciones públicas, en colaboración con algunas entidades privadas, han podido crear sin apenas discusión diversos fondos de ayuda de emergencia y distribuirlos a las ventanillas de acceso a los sistemas y subsistemas públicos de servicios sociales.

Ello explica también por qué tenemos esa sensación de habernos convertido en violinistas del Titanic que amenizan el deslizamiento gélido que nos está hundiendo rápidamente en la recesión. Aquí parece que casi todo el mundo se ha puesto al cuello el violín en vez del agua. Sobre todo, ya digo, si es un cuello blanco.

El segundo hecho sobre el que deseo llamar la atención del atento lector o lectora es el retorno del centralismo administrativo estatal a la centralidad de lo políticamente correcto en el discurso político de la administración territorial. He aquí otra novedad de profundos efectos ideológicos. Se trata de un movimiento pendular de largo recorrido histórico. Me refiero, lógicamente, al Plan E, como presentación más sofisticada de esta nueva tendencia, pero no sólo.

Es realmente increíble la eficacia y eficiencia que ha demostrado el Estado con el plan E. Literalmente, los funcionarios de los Ministerios han dejado en el más absoluto ridículo a las administraciones canarias. La rapidez, fluidez y seriedad con que se han gestionado esos 8.000 millones de euros, distribuidos a cientos de municipios, en decenas de miles de proyectos de obra, no tiene antecedentes en la política local española. El Estado ha mostrado una auténtica expresión de poder centralizado.

Durante los últimos treinta años de constitucionalismo, hemos atravesado una etapa de constante crítica, cuestionamiento y descrédito de la Administración central heredada de cuarenta años de franquismo que había hecho del Estado español una seña de identidad fascista y autocrática nacional-católica. La España autonómica se ha venido desplegando en medio de tensiones etnoterritoriales de raíz etnohistórica.

Canarias no ha sido ajena a esa tendencia dominante de jaleo administrativo subestatal, donde las elites isleñas han hecho valer su condición de fedatarias de un pacto colonial secular convertido en “especificidad ultraperiférica” y victimismo presupuestario con pose estrambótica de emulación nacionalista de vascos y catalanes, pretendidamente compatible con un “nacionalismo constitucional” (es decir, español) y con unos discursos y símbolos claramente ribeteados (o debiera decir, con Santiago Pérez, riveroteados) de separatismo gestual.

Es un principio rector de la España cañí que conocemos que el poder no está en quien tiene la competencia, sino en quien controla el presupuesto. Sobre este sencillo principio ha basculado la construcción autonómica: una parte del presupuesto de control centralizado se distribuye a través de asignación de competencias delegadas o compartidas –con su respectivo personal funcionario y laboral- a las Comunidades Autónomas. Éstas, a su vez, transfieren a los Cabildos y junto con éstos, a los ayuntamientos.

En cada paso administrativo de la transferencia de una competencia, la institución superior aprovecha para meter la tijera al presupuesto que transfiere, de manera que la estructura administrativa territorial creada por el Estado en realidad se ha convertido en un perverso sistema de recorte y cambalache presupuestario, donde conforme una competencia se va acercando al ciudadano va perdiendo financiación real en cada escalafón institucional en beneficio de quien la cede.

El sistema competencial encubre hoy, en realidad, un modelo de distribución de gastos y atesoramiento de ingresos por el Estado respecto a las Comunidades Autónomas, por estas en detrimento de los Cabildos, y de éstos con los ayuntamientos, los perdedores en última instancia que cargarán con todas las responsabilidades de ejecución que ayer tenía el Estado, pero contarán para ello con unos presupuestos recortados por tres veces para felicidad de los niveles administrativos superiores. Así deben entenderse los constantes lamentos de la FECAM y la FEMP: nadie quiere hacerse cargo de un gasto municipal, pero sí endosarle a los municipios las competencias más onerosas.

Al mismo tiempo, el dinero así detraído por el Cabildo y la Comunidad Autónoma, se destina al derroche del enchufismo con fines electorales. Curiosamente, el dinero que el ciudadano dejará de recibir en la calidad del servicio prestado, que ha sido transferido deficitariamente, lo recibirá en forma de contrato laboral. Y todos contentos.

Una vez alguien me preguntó si en mi ateísmo militante existía alguna idea de qué es El Cielo. Le respondí que El Cielo para mi es el Infierno Perfecto. Pero la dócil y mansa vida institucional y administrativa del pacto colonial que disfrutamos en estas islas también habría sido una respuesta válida: cientos de miles de ciudadanos se ven premiados por holgazanear, mientras otros cientos de miles se lamentan por haber caído, para su desgracia, en funciones productivas; como demuestra la recesión, el futuro brillante de las y los canarios no pasaba por el levantamiento de bloques, sino de folios A4; hemos pasado de cultivar plátanos en las fincas de los terratenientes a convertir el bananerismo en doctrina oficial en los ambientes pulcros y refrigerados de los edificios públicos regentados por “altos cargos” de baja o muy baja productividad.

En medio de esta placidez extraña, surrealista, propia de una burbuja que no es inmobiliaria, sino administrativa, en 2009 el Estado demostró con el Plan E su potencia centralizada para subvertir con su presupuesto y capacidad de gestión el discurso de que es mejor “lo nuestro”. Brota así un nuevo discurso político que irrumpirá con fuerza en los meses venideros. Por ejemplo, los Parques Nacionales. Hay sobrados motivos para temer por ellos y lamentarse porque el Estado ha transferido la competencia a las Comunidades Autónomas y estas ahora litigan por el presupuesto asignado con Diputaciones y Cabildos, y pronto con los ayuntamientos.

He aquí cómo el papel centralizado del Estado sale ahora constantemente fortalecido pues su capacidad de inspección, control, ejecución del gasto y calidad de servicio se convierte cada vez más en una política deseable en el ámbito local, hartos del menudeo de zoco árabe que tienen que aguantar los ayuntamientos cada vez que se les va a transferir algún servicio, con el previsible resultado de una dotación presupuestaria deficitaria. Porque, en definitiva, los funcionarios del estado son funcionarios de verdad, mientras que los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias son sólo un simulacro de su función pública.

Hay, habrá, por tanto, a resultas de la actual recesión, una revalorización del papel centralizado del Estado y del centralismo como ideología. El Estado con mayúscula se dibuja cada vez más con perfiles de protector del ciudadano frente a las trapisondas de su Comunidad Autónoma, su Cabildo o su Ayuntamiento, y como facilitador presupuestario capaz de dirigir sensatamente la mejor gestión posible en medio de las gestiones imposibles a que nos tienen acostumbrados estas administraciones “nuestras”.

Puede que sea un espejismo, porque la raíz de estos problemas locales es seguramente política y no administrativa. El problema de fondo es que la elite política canaria es nefasta, pero ha hurdido un sistema político cerrado y bloqueado electoralmente que la ha hecho insustituible. En Canarias, en definitiva, no hay democracia y la salida futura a esta situación probablemente tendrá que ser, por ello, violenta y traumática.

Inadvertida, calladamente, estas dos ideas están ya bien plantadas en el suelo fértil de una opinión pública que parece haberle perdido el miedo a la recesión. ¿Es este el mejor ambiente preparatorio para una huelga general liderada por los empleados públicos autonómicos? Lo dudo mucho.